La administración reestructura el Departamento de Justicia tras años de investigaciones politizadas, despidiendo a figuras clave detrás de casos polémicos.

La nueva administración federal ha comenzado con un giro dramático en el Departamento de Justicia (DOJ), despidiendo a varios fiscales de alto perfil relacionados con casos polémicos que marcaron el último mandato presidencial. Según un portavoz del DOJ, los despidos incluyen a JP Cooney, Molly Gaston, Anne McNamara y Mary Dohrmann, mientras que otros altos funcionarios, como Jay Bratt, optaron por retirarse antes de que la administración asumiera el cargo.

Estos movimientos han generado un debate intenso. Para algunos, son una necesaria corrección de rumbo después de lo que consideran años de abusos políticos dentro del sistema judicial. Para otros, representan una decisión controvertida que podría socavar la percepción pública del Departamento de Justicia.

McHenry, quien lidera las reestructuraciones, justificó los despidos alegando que los fiscales despedidos “no son confiables” para implementar las políticas de la nueva administración. En una carta dirigida al personal afectado, McHenry escribió:

“Dado su importante papel en el procesamiento del Presidente, no creo que el liderazgo del Departamento pueda confiar en ustedes para ayudar a implementar fielmente la agenda del Presidente”.

Estos comentarios hacen referencia al papel central que el equipo de fiscales desempeñó en las investigaciones y cargos penales presentados durante los últimos años. Entre los casos más destacados se encuentra la acusación por el manejo de documentos clasificados y los presuntos intentos de anular los resultados de las elecciones presidenciales.

Un largo historial de politización

Jack Smith, el fiscal especial que lideró las investigaciones contra el presidente, renunció antes de que la nueva administración asumiera el cargo. Durante su mandato, Smith y su equipo dedicaron más de dos años a investigar y procesar casos, pero se vieron obligados a cerrarlos tras la victoria electoral presidencial debido a una política del DOJ que prohíbe enjuiciar a presidentes en funciones.

Aunque algunos expertos legales han cuestionado la legalidad de los despidos, señalando que los fiscales despedidos eran funcionarios de carrera y no designados políticos, otros argumentan que la reestructuración es necesaria para restaurar la confianza en una institución que ha sido vista como politizada.

El abogado de seguridad nacional Mark Zaid calificó los despidos como una “purga ilegal y vengativa”. En sus redes sociales, ofreció representación gratuita a los fiscales afectados, argumentando que los despidos socavan el estado de derecho.

Sin embargo, los partidarios de la administración insisten en que los despidos son un acto de justicia y equidad, necesario para poner fin a años de persecución política injusta. Señalan que los procesos judiciales del DOJ en los últimos años no solo estuvieron políticamente motivados, sino que también representaron un enorme desperdicio de recursos públicos.

Reformas y cambios en curso

Además de los despidos, otros funcionarios han sido reasignados o han renunciado voluntariamente. Entre ellos se encuentra Bradley Weinsheimer, quien durante tres décadas ocupó cargos clave en el departamento. Su puesto fue eliminado como parte de los cambios estructurales.

Corey Amundson, jefe de la Sección de Integridad Pública, también presentó su renuncia tras ser reasignado a trabajar en iniciativas de control de inmigración.

En paralelo, el fiscal federal interino Ed Martin anunció el inicio de una investigación interna sobre los procesos llevados a cabo por su predecesor, Matthew Graves, contra los acusados del 6 de enero. Esta revisión, calificada como un “proyecto especial”, busca determinar si los recursos del DOJ fueron utilizados de manera apropiada durante las investigaciones.

Un alto funcionario del gobierno, que pidió permanecer en el anonimato, describió el proyecto como “un enorme desperdicio de recursos”. Por su parte, el portavoz del DOJ no respondió a preguntas relacionadas con la investigación interna.

Justicia restaurada

Este dramático ajuste de cuentas no solo refleja un cambio de liderazgo, sino también un esfuerzo por reparar el daño institucional causado por años de politización. La administración busca cumplir su promesa de devolver la imparcialidad y la equidad al sistema judicial.

Aunque las críticas persisten, estos despidos representan un paso firme hacia la restauración de la confianza pública en el Departamento de Justicia. En palabras de uno de los partidarios de la reestructuración:

“Es hora de que el estado de derecho prevalezca sobre la política”.