GFI y su estrategia legal para desmantelar la agencia DOGE.
Tras la victoria del presidente Donald Trump, el grupo de presión Governing for Impact (GFI) ha intensificado su ofensiva legal contra DOGE, siguiendo una estrategia previamente esbozada en memorandos internos. La organización, respaldada por el financiamiento de George Soros, ha asesorado a varios demandantes en la construcción de argumentos legales contra la agencia.
GFI sostiene que DOGE carece de autoridad legal para operar como una agencia federal, lo que ha servido de base para litigios impulsados por grupos afines a la izquierda.
Estrategia Legal Contra DOGE
El documento de GFI titulado Desafiando a DOGE proporciona una hoja de ruta para la ofensiva judicial, argumentando que:
- DOGE no tiene autoridad legal porque fue creada por una orden ejecutiva.
- No puede firmar acuerdos bajo la Ley de Economía de 1932.
- Debe ser desmantelada legalmente a través de litigios.
Estas teorías legales han sido adoptadas en demandas como AFL-CIO contra el Departamento de Trabajo, utilizando los mismos argumentos expuestos en el memorando de GFI.
La Red de Influencia de Soros en la Ofensiva
El ataque a DOGE no es aislado. La State Democracy Defenders Action (SDDA), financiada por el Open Society Policy Center y el Sixteen Thirty Fund, también ha presentado demandas contra la agencia. Entre los principales promotores de estos litigios se encuentra Norm Eisen, un abogado liberal con conexiones en la administración Biden.
Las conexiones entre GFI, Democracy Forward y la administración demócrata han sido evidentes en su coordinación contra las políticas de Trump. Rachael Klarman, directora de GFI, trabajó en Democracy Forward, organización presidida por el influyente abogado demócrata Marc Elias.
DOGE Logra Sus Primeras Victorias
A pesar del bombardeo legal, DOGE ha obtenido fallos judiciales favorables. El 15 de febrero, el juez John Bates, designado por George W. Bush, permitió que DOGE continuara accediendo a registros gubernamentales, desestimando una parte clave de la demanda de AFL-CIO.
Además, el 20 de febrero, la jueza Tanya Chutkan, designada por Barack Obama, rechazó una orden de restricción contra DOGE, favoreciendo indirectamente la administración Trump en este litigio.
No obstante, la jueza Jeannette A. Vargas, designada por Joe Biden, emitió una orden limitando temporalmente el acceso de DOGE a los sistemas del Departamento del Tesoro, argumentando problemas de ciberseguridad y constitucionalidad.
El Respaldo de Trump y Musk a DOGE
Frente a los ataques legales, el Departamento de Justicia aclaró recientemente que Elon Musk no es el administrador de DOGE, sino que funge como asesor principal de Trump. Este movimiento podría fortalecer la posición de la Casa Blanca en futuras disputas judiciales.
A pesar de la presión, DOGE ha demostrado ser una herramienta efectiva de reducción del gasto público, con ahorros que ascienden a $37,69 mil millones hasta la fecha. La meta de Trump es alcanzar un billón de dólares en ahorros para el 4 de julio de 2026.
Conclusión
Governing for Impact, con el respaldo de Soros y grupos progresistas, ha lanzado una ofensiva legal para debilitar a DOGE. Sin embargo, la administración Trump y sus aliados han logrado importantes victorias en tribunales.
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⨀ Daniela Reins-Ramos colaboró en la redacción de este artículo de manera exclusiva para Hombres Sabios Magazine.
