Un informe revela el descontrol en la financiación de FEMA durante la pandemia, con miles de millones en gastos injustificados y falta de supervisión.
Han pasado casi cinco años desde la pandemia de COVID-19 y aún se siguen descubriendo las consecuencias del gasto descontrolado del gobierno. Un reciente informe de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Seguridad Nacional expone la alarmante realidad de la mala administración de fondos por parte de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). La investigación revela que FEMA incurrió en un “fraude y despilfarro” sin precedentes, comprometiendo fondos sin una adecuada supervisión y permitiendo gastos injustificados que ascienden a miles de millones de dólares.
Un modelo de financiamiento fallido
Durante la pandemia, FEMA adoptó un proceso simplificado para la distribución de reembolsos a través de su Programa de Asistencia Pública. En teoría, esta medida buscaba agilizar la respuesta ante la crisis sanitaria. Sin embargo, en la práctica, resultó en una avalancha de gastos fraudulentos y una gestión deficiente de los fondos. En lugar de basarse en costos reales del mercado, la agencia asignó recursos en función de estimaciones sin validación, lo que facilitó el derroche y la corrupción.
El informe de la OIG señala que FEMA comprometió en exceso “al menos 1.500 millones de dólares en fondos para la subvención de personal médico de un estado”. Además, la agencia no llevó a cabo una auditoría exhaustiva de la financiación estatal, lo que permitió que $8.1 mil millones en gastos quedaran sin justificación.
$9 mil millones asignados sin control
Uno de los casos más graves que documenta el informe involucra la financiación estatal para abordar la escasez de personal en más de 200 centros de salud. En septiembre de 2020, FEMA asignó $853 millones para este propósito, pero en los meses siguientes, la cifra se disparó hasta superar los $9 mil millones. Para abril de 2023, se detectaron $4 mil millones de fondos no gastados, que luego se redujeron a $1.5 mil millones tras la intervención de la OIG.
Sorprendentemente, FEMA no tuvo conocimiento de esta irregularidad hasta 2023, cuando se inició la investigación. En consecuencia, la agencia tuvo que retirar $500 millones de la financiación estatal, reconociendo que los fondos habían sido mal administrados.
Falta de documentación y auditorías inconclusas
El informe destaca que FEMA no validó adecuadamente las estimaciones de costos antes de otorgar los fondos. En un caso específico, una estimación de $1.1 mil millones se basó en una simple hoja de papel sin detalles de costos, y lo más grave, sin la revisión de un profesional en estimaciones, requisito indispensable según las propias normativas de la agencia.
Asimismo, FEMA aún no ha completado la auditoría de una adjudicación de $1.3 mil millones otorgada en 2020. A pesar de haber transcurrido más de tres años, no se ha determinado si el gasto estuvo debidamente justificado. En total, la OIG ha cuestionado la validez de $8.1 mil millones en gastos realizados bajo la gestión de FEMA.
Un patrón de fraude en la burocracia federal
La mala administración de FEMA no es un caso aislado, sino parte de un patrón más amplio de despilfarro gubernamental durante la pandemia. Desde el Programa de Protección de Nóminas, plagado de fraudes, hasta los innecesarios rescates financieros para gobiernos locales y estatales, la gestión de la crisis sanitaria dejó un historial de corrupción y derroche sin precedentes.
La OIG también examinó una muestra aleatoria de 20 subvenciones de FEMA y encontró que la agencia otorgó pagos indebidos por un total de $32 millones. Seis de estos proyectos carecían de la documentación necesaria para justificar el uso de los fondos, y en al menos tres casos, el personal de FEMA recibió órdenes directas de no realizar inspecciones exhaustivas al evaluar la elegibilidad de los proyectos.
Recomendaciones que llegan tarde
Ante el desastre administrativo, la OIG emitió siete recomendaciones para corregir las deficiencias de FEMA. Entre ellas, destacan la necesidad de una auditoría completa del programa de personal médico estatal y la implementación de medidas para garantizar que los fondos se distribuyan con un control adecuado. De estas recomendaciones, cinco han sido catalogadas como “abiertas y resueltas”, mientras que dos permanecen “abiertas y sin resolver”.
A pesar de estos esfuerzos, el daño ya está hecho. Es probable que nunca se conozca con certeza el costo total del gasto descontrolado durante la pandemia. Lo que sí queda claro es que la administración pública falló en su responsabilidad de proteger los recursos de los ciudadanos y que FEMA fue solo una pieza más en el gran engranaje de corrupción y despilfarro que caracterizó la respuesta gubernamental al COVID-19.
