La Corte Suprema asestó un duro golpe a la administración Trump al ordenar el pago de 2 mil millones de dólares a contratistas de USAID. En una votación de 5 a 4, el fallo favoreció a la izquierda judicial y generó indignación entre los jueces conservadores. Samuel Alito calificó la decisión como un “acto de arrogancia judicial” que castiga a los contribuyentes y socava la autoridad presidencial.
Corte Suprema Golpea a Trump: Ordena Pago de 2 Mil Millones
La Corte Suprema ordenó a la administración Trump pagar 2 mil millones de dólares a contratistas de USAID, en una decisión que ha sido criticada como un exceso judicial sin precedentes. En una votación de 5 a 4, el tribunal rechazó la solicitud del Departamento de Justicia de suspender la orden de un juez de distrito que obligaba al gobierno federal a liberar los fondos congelados por Trump.
Los jueces de tendencia izquierdista fueron respaldados por el presidente de la Corte, John Roberts, y la jueza Amy Coney Barrett, designada por Trump, quienes inclinaron la balanza a favor de la sentencia. En un fallo disidente, el juez Samuel Alito expresó su indignación, asegurando que la Corte había legitimado un abuso judicial que impone una carga injusta sobre los contribuyentes estadounidenses.
Alito: “Un Acto de Arrogancia Judicial”
Los jueces conservadores Samuel Alito, Clarence Thomas, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh manifestaron su oposición en términos duros. En su opinión disidente, Alito se declaró “atónito” por la decisión de la mayoría, acusando al tribunal de otorgar un poder ilimitado a un juez de distrito para forzar al gobierno a perder miles de millones de dólares.
“¿Tiene un solo juez de un tribunal de distrito, que probablemente carece de jurisdicción, el poder ilimitado de obligar al Gobierno de los Estados Unidos a pagar (y probablemente perder para siempre) 2.000 millones de dólares de los contribuyentes?” cuestionó Alito.
Para Alito, la decisión no solo premia el activismo judicial, sino que socava la autoridad del Ejecutivo y establece un peligroso precedente donde un solo juez puede decidir el destino de miles de millones de dólares del erario público.
El Origen del Conflicto: Fondos de USAID y una Juez Activista
Este caso se originó cuando varias empresas y ONG que reciben fondos de USAID demandaron al gobierno, argumentando que la decisión de Trump de pausar estos pagos era ilegal. El juez de distrito Amir Ali, conocido por su activismo judicial, emitió rápidamente una orden para bloquear la congelación de fondos y, menos de dos semanas después, ordenó al gobierno pagar 2 mil millones de dólares, ignorando los argumentos sobre la inmunidad soberana.
Ali, además, tomó medidas extremas para evitar que su fallo fuera suspendido por tribunales superiores. Primero, clasificó la orden como una “restricción temporal no apelable”, lo que limitó los recursos legales del gobierno. Luego, impuso un plazo de 36 horas para que el dinero fuera desembolsado, dejando al Ejecutivo sin tiempo para reaccionar adecuadamente.
Según Alito, estas maniobras privaron a la administración Trump del derecho a una defensa efectiva y forzaron una decisión judicial sin precedentes que afecta el uso de los fondos públicos.
Un Sistema Judicial Politizado
Este fallo deja en evidencia el poder desproporcionado que tienen los jueces federales y cómo sus decisiones pueden ser instrumentalizadas políticamente. En este caso, un solo juez, con un claro sesgo ideológico, impuso su voluntad sobre el Ejecutivo y el Legislativo, creando un grave problema de separación de poderes.
El hecho de que John Roberts y Amy Coney Barrett se alinearan con la izquierda en esta votación deja en claro que la Corte Suprema no es inmune a la influencia del establishment progresista. Esta decisión se suma a una serie de fallos donde el poder judicial se inclina en favor de causas globalistas y contra el ejercicio legítimo de autoridad por parte de líderes conservadores.
Un Precedente Peligroso
El impacto de esta decisión va más allá del caso en cuestión. Permitir que un juez federal obligue al gobierno a gastar miles de millones de dólares sin una revisión adecuada abre la puerta a futuros abusos. ¿Qué impedirá que otro juez use este precedente para interferir con decisiones económicas y de seguridad nacional en el futuro?
Este fallo es una señal de advertencia sobre la creciente intromisión del poder judicial en la política, debilitando la soberanía del Ejecutivo y estableciendo un control indebido sobre la gestión gubernamental.
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Lesma Betancourt colaboró en la redacción de este artículo de manera exclusiva para Hombres Sabios Magazine.
