El juez Juan M. Merchan, conocido por haber donado dinero al presidente Joe Biden, ha generado una nueva ola de controversia al ordenar que el presidente electo Donald Trump comparezca para ser sentenciado en el caso de dinero para silenciar a sus seguidores. Este fallo se produce apenas 10 días antes de la toma de posesión de Trump, avivando las críticas sobre una posible parcialidad judicial y una agenda política detrás del caso.
El caso, ampliamente considerado como altamente controvertido, incluso por muchos demócratas, llevó a Trump a presentar una moción para anular el veredicto de culpabilidad. Sin embargo, Merchan rechazó esta solicitud, ratificando la condena y citando a Trump para la sentencia el 10 de enero de 2025, a las 9:30 am, ya sea de forma presencial o virtual.
En un intento por disipar tensiones, el juez indicó que no tiene la intención de imponer una sentencia de encarcelamiento, afirmando que “parece apropiado… dar a conocer la inclinación del Tribunal a no imponer ninguna sentencia de encarcelamiento”. Sin embargo, estas palabras no han calmado las críticas desde el entorno de Trump, que considera el caso como parte de una “caza de brujas” dirigida contra el presidente electo.
Steven Cheung, director de comunicaciones de Trump, calificó la orden como una muestra de “conflicto profundo” por parte de Merchan y una violación de principios fundamentales establecidos por la Corte Suprema. “Este caso ilegal nunca debió haberse presentado”, dijo Cheung, señalando que constituye un obstáculo para el proceso de transición presidencial en un momento crucial para el país.
Desde una perspectiva crítica, este caso pone en evidencia las fracturas en el sistema judicial de Estados Unidos, que parece haber sido instrumentalizado para perseguir a un líder político en lugar de impartir justicia imparcial. La implicación política de un juez que previamente ha mostrado apoyo financiero a un oponente del acusado socava gravemente la credibilidad de este proceso.
Además, el momento elegido para la sentencia, a tan pocos días de la investidura presidencial, parece diseñado para maximizar el impacto mediático y distraer la atención de las prioridades nacionales. La narrativa de una “caza de brujas” no es solo un recurso retórico, sino un reflejo de cómo las instituciones pueden ser manipuladas para influir en el panorama político.
La orden del juez Merchan es un recordatorio de los peligros de judicializar la política. Más que un acto de justicia, este caso podría pasar a la historia como un ejemplo de persecución política que pone en riesgo los fundamentos democráticos de Estados Unidos. La sociedad debe exigir transparencia y objetividad, y el sistema judicial debe trabajar para restaurar la confianza pública en su imparcialidad, un requisito esencial en tiempos de profundas divisiones nacionales.
