El gobierno de Donald Tusk en Polonia ha emprendido una persecución judicial contra el partido opositor Ley y Justicia (PiS). Bajo el disfraz del “estado de derecho”, la administración izquierdista ha levantado la inmunidad de figuras clave del PiS, promoviendo un escenario digno de las mejores dictaduras progresistas. Mientras Bruselas aplaude, la democracia polaca se desmorona bajo la bota de la corrección política.
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En una serie de movimientos drásticos, el Departamento de Justicia (DOJ) despidió a fiscales clave vinculados a la investigación y procesamiento de casos controvertidos. Los despidos, encabezados por McHenry, reflejan un cambio en la dirección del departamento y marcan el inicio de una lucha por restaurar la confianza en las instituciones.
A cuatro años del 6 de enero de 2021, el evento sigue siendo un símbolo polarizador. Mientras algunos lo usan para justificar su ataque a Trump y sus partidarios, otros denuncian una cacería de brujas. El caso de Enrique Tarrio resalta la controversia en torno a la justicia politizada.
El juez Juan M. Merchan, con vínculos políticos cuestionados, ordena a Donald Trump comparecer para sentencia en un caso que levanta sospechas de persecución judicial y política.