La administración Trump ha ordenado a la GSA desconectar miles de estaciones de carga y retirar vehículos eléctricos de la flota federal. Esta decisión detiene de golpe el impulso verde promovido por Biden, marcando una ruptura tajante con la agenda ecológica. El freno a los vehículos eléctricos en edificios federales es más que un ahorro: es una declaración política.
Una ruptura con la utopía verde
Donald Trump ha vuelto a la Casa Blanca y su administración no ha tardado en mostrar que las prioridades han cambiado. Una de las primeras acciones contundentes ha sido a través de la Administración de Servicios Generales (GSA), que ha comenzado el proceso de desconectar estaciones de carga para vehículos eléctricos en edificios federales. Además, se dispone a retirar de circulación los vehículos eléctricos que la administración Biden había incorporado a la flota del gobierno.
Este giro no es simplemente una cuestión presupuestaria. Es una declaración de principios. Una señal clara y directa: el gobierno federal no servirá de laboratorio experimental para la agenda “verde” impuesta desde organismos internacionales y empresas alineadas con el globalismo corporativo.
De 58,000 vehículos a chatarra burocrática
Durante la administración Biden, la GSA adquirió más de 58,000 vehículos eléctricos, con el objetivo de electrificar toda la flota federal para el año 2035. En paralelo, instaló más de 25,000 estaciones de carga. ¿El resultado? Costos multimillonarios, una infraestructura subutilizada y una flota que nunca logró operar a plena capacidad.
Bajo Trump, esto ha cambiado. Cientos de estaciones de carga están siendo desconectadas. Se estima que al menos 8,000 enchufes serán desactivados, incluyendo aquellos ubicados en instalaciones del Departamento de Asuntos de Veteranos, bases militares y el Centro Federal de Denver.
Carga gratuita con impuestos ajenos
Uno de los aspectos más insultantes de esta política previa era el uso de cargadores federales para vehículos personales. Empleados del gobierno podían cargar sus autos eléctricos privados sin costo alguno, subvencionados con el dinero del contribuyente.
Ese “viaje gratis” ha terminado. La nueva directiva de la GSA aclara que estos recursos no son esenciales para la misión del gobierno, y por tanto serán eliminados. No hay justificación alguna para que los ciudadanos financien el combustible de vehículos personales de burócratas federales.
¿Qué ocurrirá con los autos eléctricos?
La incógnita persiste. No está claro si los vehículos eléctricos adquiridos durante la era Biden serán vendidos a bajo precio, almacenados sin uso o simplemente dados de baja como chatarra burocrática.
La lógica detrás del nuevo enfoque es sencilla: si el vehículo no cumple una función clara, no tiene razón de existir dentro de la administración federal. El gasto excesivo debe terminar. No se puede seguir derrochando recursos en nombre de una ideología ambiental que ignora la realidad del mercado y de la infraestructura nacional.
7.500 millones de dólares, ¿para esto?
La administración Biden otorgó 7.500 millones de dólares en subvenciones para que los estados construyeran infraestructura de carga. Tres años después, solo unas pocas estaciones han sido construidas. Una docena, para ser precisos. La diferencia entre el discurso climático y los resultados reales es abismal.
Este fracaso debería abrir los ojos de los ciudadanos: la agenda verde no es una inversión, es una transferencia masiva de dinero público a intereses privados, disfrazada de política ambiental.
El globalismo choca con la realidad
La guerra contra los hidrocarburos no ha traído ni desarrollo ni eficiencia. Ha traído autos que no se venden, concesionarios llenos de inventario inmovilizado, y subvenciones que enriquecen a pocos. La administración Trump ha comenzado a revertir esta locura, dando señales concretas de que el gobierno no será cómplice de un experimento ideológico sin futuro.
Es hora de que los fabricantes de automóviles vuelvan a producir lo que el público realmente quiere. Que el mercado y la libertad de elección guíen el rumbo, no los decretos de políticos y burócratas que juegan a salvar el planeta mientras destruyen la economía.
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¿Tiene razón la administración Trump en desconectar las estaciones de carga y retirar los autos eléctricos? ¿Es este el principio del fin para el delirio eléctrico financiado con tus impuestos?
Lorenzo Echemendía Morales colaboró en la redacción de este artículo de manera exclusiva para Hombres Sabios Magazine.
