Tras indultar a los manifestantes del 6 de enero, su administración debe decidir si defenderá al oficial que disparó a Babbitt.
Una semana después de que el presidente Donald Trump otorgara el indulto a los manifestantes del 6 de enero, su administración se enfrenta a una nueva y delicada cuestión legal: ¿seguirá defendiendo al oficial de la Policía del Capitolio que asesinó a Ashli Babbitt?
“Trump enfrenta decisión clave en caso de Ashli Babbitt”, ya que su administración hereda una demanda de 30 millones de dólares por muerte por negligencia contra el gobierno, la cual alega que el tirador, el capitán Michael Byrd, carecía de entrenamiento adecuado y tenía un historial de problemas disciplinarios.
Bajo la administración Biden, el Departamento de Justicia respaldó al asesino Byrd, quien disparó fatalmente contra Babbitt cuando la veterana de la Fuerza Aérea intentaba ingresar al vestíbulo del presidente de la Cámara de Representantes. Ahora, con un nuevo liderazgo en la Casa Blanca y una fiscal general alineada con la visión de Trump, el futuro de la defensa gubernamental en este caso es incierto.
¿Seguirá el Departamento de Justicia protegiendo a Byrd?
Mientras que la administración Biden emprendió una ofensiva legal contra cientos de manifestantes del 6 de enero, mantuvo una postura firme en defensa del asesino Byrd, exonerándolo de cualquier cargo y permitiéndole continuar en su puesto dentro de la Policía del Capitolio.
Sin embargo, tras la llegada de Trump al poder y su decisión de conceder el indulto a los manifestantes detenidos, la postura del Departamento de Justicia se ha vuelto insostenible. Si bien la Casa Blanca y el Departamento de Justicia no han emitido comentarios oficiales, el presidente de Judicial Watch, Tom Fitton, dejó clara su opinión:
“No puedo imaginar que el presidente Trump quiera defender esto ni por un minuto”, señaló Fitton, destacando la contradicción de continuar la defensa del oficial mientras se reconoce la injusticia cometida contra los manifestantes.
Republicanos exigen justicia para Babbitt
El caso de Ashli Babbitt ha sido un punto de tensión para los republicanos, quienes han insistido en que su muerte no fue investigada de manera imparcial. Mientras la administración Biden persiguió con dureza a los asistentes al mitin del 6 de enero, Byrd fue absuelto en una investigación interna y promovido dentro de la Policía del Capitolio.
No obstante, la Cámara de Representantes, bajo control republicano, ha abierto una nueva línea de investigación y ha documentado una serie de irregularidades en la capacitación y el historial disciplinario de Byrd.
Líderes conservadores, como la congresista Marjorie Taylor Greene, han pedido que Byrd enfrente cargos criminales. En declaraciones recientes, Greene fue contundente al sugerir que la nueva administración debe reconsiderar la situación del oficial.
“Espero que nuestra nueva fiscal general entrante, que me gusta mucho (me gusta mucho Pam Bondi), investigue el asunto y considere presentar cargos por asesinato, algún tipo de cargos, al menos”, declaró Greene.
Trump y su legado en el caso Babbitt
El presidente Trump ha dejado claro que busca corregir los abusos judiciales cometidos bajo la administración Biden. Sus indultos a los manifestantes del 6 de enero reflejan su visión de que el gobierno anterior utilizó al sistema judicial como un arma política.
La pregunta ahora es si su administración decidirá no solo poner fin a la defensa del asesino Byrd, sino también abrir una investigación real sobre su accionar el día de la muerte de Babbitt.
Mientras el Departamento de Justicia evalúa su próximo movimiento, un juez federal ya ha pospuesto una audiencia sobre la demanda hasta finales de febrero. Se espera que el juicio completo inicie el próximo año, con la posibilidad de que el gobierno de Trump tenga una nueva postura en el caso.
La decisión que tome la Casa Blanca en las próximas semanas será un mensaje claro sobre su compromiso con la justicia y el derecho de los estadounidenses a la rendición de cuentas dentro de su propio gobierno.
