El gobierno de Joe Biden ha notificado al Congreso sobre una nueva venta de armas a Israel por $8 mil millones, intensificando su apoyo al aliado en plena guerra en Gaza. Este gasto masivo subraya el rol del complejo militar-industrial en el uso de los impuestos de los estadounidenses, mientras la crisis humanitaria en Palestina alcanza niveles alarmantes.
La administración del presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, ha notificado al Congreso sobre una venta de armas planeada por $8 mil millones a Israel, según informes de medios estadounidenses. Este acuerdo incluye una vasta cantidad de armamento, como ojivas, municiones guiadas de precisión, misiles aire-aire y artillería pesada, en plena intensificación de la devastadora guerra en Gaza.
El Departamento de Estado confirmó el viernes esta decisión ante los comités de asuntos exteriores de la Cámara de Representantes y el Senado. Según reportes, parte de las armas podría provenir de las existencias actuales de Estados Unidos, pero la mayor parte será fabricada y entregada con el tiempo.
Este anuncio llega tras la aprobación en agosto de otro paquete armamentístico por $20 mil millones, y un tercer acuerdo en noviembre por $680 millones. En menos de un año, Estados Unidos ha destinado cifras astronómicas al suministro de armas para Israel, destacando su prioridad por alimentar el complejo militar-industrial y asegurar beneficios multimillonarios para las corporaciones que lo integran.
El costo para los contribuyentes estadounidenses
Mientras la administración Biden insiste en su apoyo incondicional a Israel bajo la justificación de “autodefensa”, los costos para los contribuyentes estadounidenses son cada vez más difíciles de justificar. Estos acuerdos no solo alimentan el conflicto en Medio Oriente, sino que también representan un drenaje económico que podría haberse destinado a necesidades internas como infraestructura, salud o educación.
Por otro lado, este gasto masivo coincide con una creciente presión internacional contra Israel por su accionar en Gaza, donde las cifras de víctimas civiles son alarmantes. Desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, más de 45,000 personas han muerto, según fuentes palestinas.
Un Congreso complaciente y un aliado intocable
El Congreso de Estados Unidos parece no tener intención de bloquear la venta. Legisladores como el presidente de la Cámara, Mike Johnson, han reiterado su compromiso de fortalecer la relación con Israel, incluso ante las críticas internas por la crisis humanitaria en Gaza. Bloquear esta transacción requeriría una mayoría de dos tercios en ambas cámaras, algo que parece improbable dada la estructura actual del legislativo.
Grupos de derechos humanos, la ONU y la Corte Internacional de Justicia han denunciado la situación en Gaza como genocidio. Sin embargo, estos llamados parecen no tener peso frente a los intereses geopolíticos y económicos que determinan las prioridades del gobierno estadounidense.
El complejo militar-industrial: el verdadero beneficiario
La venta de armas a Israel ilustra cómo el complejo militar-industrial utiliza la política exterior estadounidense para asegurar ganancias desproporcionadas. Este sistema, que lucra con la guerra y el conflicto, se mantiene gracias a un modelo económico que prioriza los beneficios corporativos sobre los derechos humanos y el bienestar ciudadano.
El continuo respaldo militar a Israel no solo perpetúa una crisis humanitaria, sino que pone en evidencia la desconexión entre los intereses de las élites políticas y las necesidades reales de los ciudadanos. Mientras los estadounidenses lidian con problemas económicos y sociales, sus impuestos financian guerras que benefician a unos pocos.
La pregunta que queda es: ¿hasta cuándo los contribuyentes norteamericanos permitirán que su dinero se use para alimentar una maquinaria que genera muerte y destrucción?
