El Departamento de Justicia (DOJ) publicó recientemente un informe que concluye que tres altos funcionarios del departamento filtraron información sobre una investigación no pública pocos días antes de las elecciones.
La Oficina del Inspector General (OIG) reveló el lunes 30 de diciembre detalles de una investigación que inició tras recibir denuncias sobre posibles motivaciones políticas detrás de estas filtraciones. Según el informe, los funcionarios violaron las políticas del DOJ al compartir información sensible con periodistas seleccionados.
“La Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia inició una investigación después de recibir denuncias de que las acciones de una división de litigios tenían motivaciones políticas y violaban las políticas del DOJ con respecto a la divulgación de información sobre asuntos en curso”, indica el comunicado.
Violaciones y consecuencias
El informe detalla que las tres personas involucradas infringieron tanto la política de confidencialidad como las normas sobre contacto con los medios. Uno de ellos incluso compartió artículos derivados de la información filtrada en una cuenta oficial de redes sociales, contraviniendo también la política de uso de redes del departamento.
“La investigación de la OIG concluyó que tres funcionarios superiores del Departamento de Justicia violaron la Política de Confidencialidad y Contactos con los Medios de Comunicación al filtrar a periodistas seleccionados, días antes de una elección, información de investigación no pública del Departamento de Justicia”.
Los tres funcionarios en cuestión ya no forman parte del DOJ y se negaron a responder las solicitudes de entrevistas. Esta circunstancia limita la capacidad de la OIG para obligarlos a declarar.
Actualmente, no está claro qué información específica se filtró ni la naturaleza de la investigación comprometida. Sin embargo, la OIG ha entregado el informe a la Oficina del Fiscal General Adjunto y a la Unidad de Revisión de Mala Conducta Profesional para tomar las medidas adecuadas.
Posible violación de la Ley Hatch
El informe también fue remitido a la Oficina del Asesor Especial para evaluar si los exfuncionarios violaron la Ley Hatch. Esta legislación prohíbe a los empleados federales participar en actividades políticas partidistas durante su servicio o utilizando recursos federales.
Además, Neama Rahmani, exfiscal federal, destacó la existencia de una regla de 60 días que impide acciones procesales que puedan influir en las elecciones.
“Desafortunadamente, algunos fiscales violan estas reglas por razones personales o políticas, lo que genera una mayor desconfianza en las fuerzas del orden federales. Es por eso que existen estas políticas del Departamento de Justicia”, afirmó Rahmani.
El caso resalta la necesidad de mantener la imparcialidad en instituciones clave como el DOJ, especialmente en periodos electorales donde la transparencia es crucial para preservar la confianza pública.
