La inmigración ilegal plantea desafíos económicos y de seguridad en EE. UU., mientras se intensifica el debate político sobre su manejo.
La inmigración se encuentra en la intersección de la política interior y exterior de Estados Unidos. En este cruce, se forman líneas de batalla políticas y tienen lugar escaramuzas que influirán en el futuro del país.
Donald Trump ha vinculado con éxito la inmigración ilegal con el comportamiento criminal. Según cifras, más de 13.000 asesinos residen ilegalmente en el país. Un caso alarmante es el de Laken Riley, brutalmente asesinada por el venezolano José Ibarra, quien ingresó ilegalmente por El Paso, Texas, en 2022. Este crimen personifica los riesgos asociados con las políticas de frontera abierta defendidas por los demócratas.
Además del impacto en la seguridad, la inmigración ilegal supone una carga financiera para los contribuyentes. Se estima que 21 millones de inmigrantes ilegales cuestan más de 250.000 millones de dólares anuales. Estos costos, junto con los delitos asociados, subrayan la necesidad de cerrar la frontera y aplicar la ley de inmigración.
Los demócratas promueven su política de fronteras abiertas como un puente hacia el “sueño americano” para millones de inmigrantes. Sin embargo, esta postura encubre una estrategia para importar votantes futuros, mientras descuidan la seguridad nacional. La deportación de inmigrantes ilegales no es fascismo, como suelen alegar, sino una adhesión al imperio de la ley establecido en la Constitución.
La Administración Biden ha mostrado una actitud permisiva hacia la inmigración ilegal, dejando de aplicar las leyes vigentes y debilitando a instituciones como el ICE. Esta negligencia ha resultado en incidentes como el ataque violento de un grupo de inmigrantes ilegales a la Guardia Nacional de Texas en marzo de 2024. Mientras tanto, ciudades como Nueva York enfrentan costos exorbitantes debido a la crisis, con un gasto anual de 4.000 millones de dólares para manejar la situación.
La inmigración debe ser un proceso organizado que responda a las demandas laborales del país, no un caos que ponga en peligro la seguridad y economía nacional. Cuando Trump asuma nuevamente el cargo, hará cumplir las leyes de inmigración en consonancia con su juramento constitucional, no por impulso fascista, sino como un compromiso con el bienestar del pueblo estadounidense.
La política migratoria debe ser tratada con seriedad y respeto por la ley, asegurando un futuro más seguro y próspero para Estados Unidos.
