La temporada de invierno ha traído consigo un aumento de varias enfermedades infecciosas, lo que ha provocado advertencias de una “cuatidemia” que comprende la gripe, el COVID-19, el virus respiratorio sincitial (VRS) y el norovirus. Todos estos virus han experimentado un incremento de actividad, y los funcionarios de salud advierten que la gripe, a menudo vista como un presagio de la temporada de virus respiratorios, está en aumento.
Informes recientes indican que las hospitalizaciones relacionadas con la gripe han aumentado drásticamente, afectando a millones de personas. Del mismo modo, las hospitalizaciones por VRS han crecido casi un 40% en las últimas semanas, mientras que los casos de norovirus han alcanzado niveles máximos para esta época del año desde 2012, exacerbados por brotes en ciudades como Los Ángeles.
En este contexto, el resurgimiento de los mandatos de mascarillas en algunas regiones de Estados Unidos genera dudas sobre la efectividad y pertinencia de estas medidas. Hospitales en estados como Wisconsin y Nueva Jersey han restablecido su uso obligatorio para el personal y los visitantes, a pesar de que la evidencia sobre su eficacia contra ciertos virus sigue siendo muy controversial. Mientras tanto, activistas como Leana Wen insisten en estrategias basadas en evidencia para abordar tanto las infecciones actuales como las amenazas futuras, como la gripe aviar.
Desde una perspectiva crítica, este retorno a las mascarillas no deja de ser un reflejo de políticas reactivas que priorizan el control inmediato sobre la educación sanitaria y la promoción de estrategias a largo plazo. En lugar de centrarse en fomentar la confianza ciudadana hacia las vacunas y las medidas preventivas efectivas, se recurre a restricciones que polarizan aún más a la sociedad.
Es necesario replantear el enfoque hacia una gestión sanitaria más equilibrada, que respete la autonomía individual y reconozca la importancia de una ciudadanía informada. Insistir en soluciones impositivas puede parecer una respuesta fácil, pero no aborda las causas subyacentes de la falta de preparación y confianza en las instituciones públicas. El invierno de 2025 no solo nos reta a combatir virus, sino a replantearnos cómo enfrentamos las crisis sanitarias desde una perspectiva más sostenible y justa.
La pandemia de COVID-19 marcó un antes y un después en las políticas de salud pública a nivel mundial. Entre las medidas más polémicas estuvo la imposición de mandatos de vacunación, presentados como la solución definitiva para contener el virus y prevenir hospitalizaciones masivas. Sin embargo, a la luz de los resultados, estas políticas han dejado más preguntas que respuestas, tanto en términos de eficacia como de consecuencias para la salud de millones de personas.
Desde el principio, las vacunas contra la COVID-19 se promocionaron como herramientas esenciales para prevenir la transmisión del virus. Pero, con el tiempo, quedó claro que estas vacunas no impedían los contagios ni garantizaban la inmunidad prolongada. Países con tasas de vacunación superiores al 80% continuaron enfrentando olas significativas de infecciones, lo que desató dudas sobre las expectativas generadas. A pesar de las limitaciones conocidas, los gobiernos presionaron con políticas coercitivas que incluyeron mandatos laborales y restricciones para los no vacunados, medidas que fracturaron el tejido social y alimentaron desconfianza hacia las autoridades sanitarias.
Además, surgieron preocupaciones sobre las complicaciones médicas asociadas a las vacunas, como casos de miocarditis, trombosis y otros efectos adversos documentados. Aunque los fabricantes y las agencias reguladoras defendieron la seguridad general de las vacunas, el volumen de reportes de eventos adversos no puede ignorarse. Estas situaciones evidencian una falta de preparación para gestionar los riesgos inherentes a una campaña masiva de vacunación con tecnología novedosa, como las vacunas de ARNm, cuyo impacto a largo plazo aún está bajo estudio.
Los mandatos de vacunación no solo fallaron en prevenir la propagación del virus, sino que también expusieron la fragilidad de un sistema sanitario más enfocado en el cumplimiento que en la confianza ciudadana. En lugar de apostar por estrategias integrales de salud pública, que incluyan educación, acceso equitativo a tratamientos y respeto por las libertades individuales, se optó por políticas coercitivas que erosionaron derechos fundamentales y sembraron divisiones.
Hoy, frente a la “cuatidemia” que amenaza este invierno, las lecciones de la pandemia de COVID-19 deben guiar un cambio de rumbo. Las políticas de salud pública no pueden basarse en el miedo ni en la imposición, sino en la transparencia, el respeto y un enfoque genuinamente centrado en el bienestar de las personas. Es hora de aprender de los errores recientes y construir un modelo sanitario que priorice la evidencia científica y los principios de libertad y responsabilidad individual.
