La administración Biden continúa procesando a más de 1,500 personas relacionadas con los eventos del Capitolio, mientras surgen preguntas sobre la justicia de estas acciones. La utilización de recursos federales para perseguir a acusados no violentos contrasta con la creciente delincuencia y fallos judiciales controvertidos. Este esfuerzo parece más un intento político que una búsqueda de justicia.