El Gobierno de España ha aprobado el anteproyecto de la Ley de Servicios y Medios Digitales, una normativa que, lejos de fortalecer la libertad de prensa, otorga al Estado un poder sin precedentes para supervisar, sancionar y suspender medios de comunicación. La creación de un registro estatal de medios y la imposición de multas millonarias anticipan un escenario de censura institucionalizada en España, alineado con la agenda de la Unión Europea.